Penal de San Pedro en la ciudad de La Paz.
Foto: Prensa Latina.
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SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Estado boliviano viola 42 códigos, convenios,
tratados y otros instrumentos que rubricó con organismos internacionales,
varios de ellos referidos a reglas mínimas para el tratamiento de reclusos,
para la reinserción social de personas tras rejas y además de protección a los
menores privados de libertad, informó Mirtha Arce, diputada de Convergencia
Nacional.
La diputada exhortó al oficialismo a que apruebe y promulgue como ley
nacional su proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento al Sistema
Penitenciario en Bolivia”. Esa propuesta comenzó a elaborarse en 2012 y fue
entregada el 7 de junio pasado a la Comisión de Justicia Plural, presidida por
Juan Carlos Sejas (MAS) que aún no la remitió a ningún comité para su
tratamiento.
Estas violaciones o incumplimientos tienen que ver con principios básicos
para el tratamiento de reclusos, porque éstos no se cumplen, en segundo lugar
tampoco se acatan reglas mínimas para la reinserción social (de los cuales no
existen programas) y finalmente, reglas para la protección de menores ya que
como es de conocimiento público esa población se encuentra en situación de
indefensión ante abusos de todo tipo por parte del entorno carcelario.
Arce indicó que el régimen penitenciario boliviano está en mayor entredicho
porque todas esas normativas provienen de las Naciones Unidas y fueron
aceptadas para su cumplimiento por el Estado boliviano.
Ese conjunto de incumplimientos generó a lo largo de los años una deuda
histórica que el Estado tiene que pagar a todas las personas que están tras
rejas, porque muchas de ellas incurrieron en actos delictivos debido a una
escasa formación educativa, y en las cárceles tampoco cuentan con posibilidades
de reinserción laboral, como consecuencia no tienen opción a una vida digna ni
dentro ni fuera de los recintos penitenciarios.
Solución estructural
La propuesta de ley de la Diputada Arce tiene tres ejes que están referidos
a encarar la solución de los problemas más urgentes del régimen penitenciario
en Bolivia. El primero es la necesidad de construir de una vez una
infraestructura carcelaria, porque no hay recinto en Bolivia que cuente con
condiciones mínimas donde residan las personas con problemas legales y menos
para su rehabilitación.
Estos recintos deben contar con todos los ambientes especializados para
detenidos preventivos, condenados, menores de edad, imputados y en cada uno de
ellos contar con sectores destinados a salud, educación, talleres o áreas de
trabajo, asistencia psicológica y social, también de considerarse espacios para
discapacitados. “Comparativamente hablando respecto a lo que se necesitaba,
podemos decir que hoy estamos en las peores y más infrahumanas condiciones”,
sostuvo.
Respecto a los hechos y denuncias sobre violación de menores de edad en los
recintos carcelarios, Arce indicó que el proyecto contempla la construcción de
guarderías colindantes a los centros carcelarios, con sus respectivas salas de
educación y ambientes pertinentes. “De esta forma se evitará su exposición a
los reclusos adultos, estos centros no estarán en el interior de los penales”,
indicó.
El segundo eje, está orientando a proveer del equipamiento penitenciario,
comenzando de los catres, colchones y sábanas para cada reo y no como hoy
sucede que incluso muchos internos tienen que “comprar” sus celdas y espacios
donde dormir.
El tercer eje de esta propuesta normativa está enfocado en el personal que
atiende y trabaja en los recintos carcelarios, se denomina “formación y
capacitación policial”, la misma que será continua y que exigirá además la
inclusión en el ámbito académico de la Universidad Policial de reciente
creación.
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