Dilma sorprende
y avanza en una reforma política
BRASIL (ANB / Información de El País).- Nadie lo esperaba. Después de 18 días actuando a remolque de la
calle, Dilma Rousseff sorprendió a la clase política, a la prensa y, quizás,
también a la calle. Se sabía que iba a reunirse con representantes del
Movimiento por el Pase Libre, la organización que consiguió la anulación de la
subida en las tarifas del transporte público.
Y que después recibiría a los 27
gobernadores del país y a 26 alcaldes de las principales ciudades. Pero, entre
ambos encuentros, la presidenta dejó pasar las cámaras al palacio presidencial
de Planalto y advirtió: “Las calles nos están diciendo que quieren que el
ciudadano, y no el poder económico, esté en primer lugar. […] La energía que
viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos que quedarnos
inertes, incomodados o divididos. Por eso traigo propuestas concretas y la
disposición para que discutamos al menos cinco pactos”.
Los otros cuatro
pactos implican acuerdos fiscales, de sanidad, transporte y educación. Pero el
principal es el que plantea una reforma política. Muchas veces se había
planteado en Brasil sobre esa reforma. Pero las propuestas terminaban siempre
frenadas por el Congreso. Ahora Rousseff plantea la convocatoria de un
referéndum que autorice a convocar una asamblea constituyente. Y que esa
asamblea se encargue de abordar la tan ansiada reforma. Era una propuesta a la
altura de las mayores manifestaciones que ha vivido Brasil desde los años
ochenta, cuando tras salir de la dictadura, partidos y sindicatos organizaron
movilizaciones para exigir elecciones directas. “Brasil ya está maduro para
avanzar”, señaló Rousseff.
La presidenta no
aportó detalles ni contenidos sobre la consulta popular. Pero recalcó que una
de las cuestiones fundamentales de la reforma sería la lucha contra la
corrupción, uno de las quejas que más se han escuchado en las manifestaciones.
“Debemos dar prioridad al combate contra la corrupción de manera aun más
contundente”, indicó. “En ese sentido, una iniciativa fundamental es una nueva
legislación que clasifique la corrupción dolosa como delito atroz, con penas
mucho más severas”, indicó.
Con esa iniciativa,
Rousseff parece atender lo que las calles llevan casi tres semanas reclamando:
medidas concretas. Los ciudadanos se han cansado de los discursos hábilmente
elaborados por asesores de imagen. Por eso, las manifestaciones continuaron
tras el discurso presidencial que se emitió el viernes en todos los canales del
país.
Un día después
de aquel discurso, 60.000 personas se concentraron en Belo Horizonte para
protestar por la gestión del Mundial de 2014. El domingo se registraron unas 20
marchas en el país, aunque la mayoría de ellas apenas llegaban a los 5.000
manifestantes. El lunes por la mañana murieron dos mujeres atropelladas cuando
se manifestaban junto a 400 personas por la mejora de los servicios públicos en
una carretera de la localidad brasileña de Cristalina, en el estado de Goiás.
Con ellas son ya cuatro las víctimas mortales de las protestas que comenzaron
el 6 de junio.
Aquel discurso
del viernes fue acogido entre la expectación y el recelo. Dos de cada tres
ciudadanos en la ciudad de São Paulo eran partidarios de continuar con las
protestas. Rousseff prometió que contrataría médicos extranjeros para afrontar
los problemas de la sanidad y eso generó muchos rechazo entre las asociaciones
brasileñas. Sin embargo el lunes, Rousseff aclaró que sólo se recurría a los
médicos de fuera cuando no haya otra opción.
Los convocantes
de las primeras manifestaciones, el Movimiento por el Pase Libre, ya pueden
anotarse grandes logros en su historial. Primero, consiguieron la rebaja de los
20 céntimos. Y ahora, la propuesta presidencial para emprender una gran reforma
política. Pero no quedó ahí la cosa. El lunes por la mañana, antes de conocerse
el anuncio de Dilma Rousseff, el Gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo
Alckim, miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), escorado
al centro derecha a pesar de su nombre, anunció ayer otra gran medida concreta:
la cancelación durante un año la subida en el peaje de las autopistas del
Estado prevista para el 1 de julio.
Geraldo Alckmin
negó que la suya fuese una medida populista. Y aseguró que la suspensión del
aumento sería posible gracias a que iba a renegociar las condiciones del
contrato con las empresas concesionarias, a implantar multas por el retraso en
las obras y a racionalizar el gasto.
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